Ayer pasé la mañana en el Congreso de los Diputados, para el diálogo institucional que cerraba la presentación del informe país elaborado por el Partnership for Health System Sustainability and Resilience, dedicado a las enfermedades no transmisibles, un equipo formado por London School of Economics y AstraZeneca. Fui como representante del Departamento de Prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer y salí con más preguntas que certezas, lo cual, en estos encuentros, suele ser una buena señal.
El informe mostró un dato interesante: España está entre los países más lentos de Europa occidental en tiempo de acceso, ya sea a un diagnóstico, a una prueba o a la consulta de un especialista. Los datos regionales que se presentaron mostraban una variabilidad notable, con comunidades donde la espera media para una consulta quirúrgica supera los ciento cincuenta días y otras donde apenas llega a cincuenta, una brecha que convierte el código postal en un factor pronóstico. Sin embargo, en el mismo informe aparece otro dato que desmiente cualquier lectura simplista: España es el quinto país del mundo y el tercero de Europa en ensayos clínicos activos. Tenemos, dicho de otro modo, una capacidad científica que no siempre logra traducirse en calidad de servicios para quien está sentado en una sala de espera.
De ahí surgió una de las ideas más interesantes de la jornada, planteada por distintos ponentes desde puntos de vista muy variados: la detección temprana no es solo una cuestión clínica, es también una cuestión de arquitectura institucional. Prevenir, detectar y gestionar fueron los tres verbos que organizaron buena parte de la conversación, y bajo cada uno de ellos apareció el mismo problema de fondo: poca inversión en prevención, fragmentación de los datos y falta de interoperabilidad entre comunidades autónomas, entre atención primaria y hospitalaria, entre lo que se sabe y lo que efectivamente se aplica. Casi la mitad de los expertos consultados para el informe señala esa desconexión como una barrera principal para el acceso equitativo a la innovación.
El gasto en prevención en España representa apenas entre el dos y el tres por ciento del gasto sanitario total, muy por debajo de lo que tratamiento y hospitalización consumen. Somos, en ese sentido, un sistema diseñado históricamente para reaccionar, para responder al episodio agudo, no para acompañar la enfermedad crónica antes de que aparezca o mientras se instala. Se planteó, con acierto, que el argumento para revertir esta proporción no puede ser solo política o ideológica, sino también económica y logística: hace falta cuantificar cuánto puede invertir cada ministerio implicado en la salud poblacional, no solo el de Sanidad, y medir con seriedad el retorno de esa inversión, porque un ministerio que ve resultados tiende a sostener la financiación en el tiempo.
Hubo también un momento de la mesa dedicado a la gobernanza que me pareció bastante honesto. Se habló de crear un panel central de políticas para enfermedades no transmisibles y una entidad coordinadora independiente, capaz de mantener continuidad entre ciclos políticos, algo que en un sistema tan descentralizado como el español no es un detalle menor. Se repitió la idea entre portavoces de distintos grupos parlamentarios, sentados en mesa redonda, de que ninguno de estos retos pertenece a un solo partido, a una sola administración ni a un solo sector.
Se habló de la baja natalidad y el envejecimiento poblacional, de la falta de reemplazo generacional en los profesionales sanitarios y el burn out que ha derivado en incontenibles huelgas de sanitarios. De la jornada me quedo con la idea, ya sabida por la mayoría de especialistas involucrados, de que la prevención no es el capítulo secundario de la política sanitaria, sino su condición fundamental, y que hacerla visible, cuantificable y financiada sigue siendo, en 2026, una tarea pendiente.
