Un texto publicado originalmente en La Joven Cuba

El problema de las drogas en Cuba siempre ha existido. Las crisis económicas, la posición geográfica, el mar por todas partes, la pobreza y el extracto del capitalismo que nos tocó nutren dicho contexto. Sin embargo, en los últimos años las drogas de consumo habitual han experimentado un período de proliferación y diversificación. Los retos a los que se enfrenta la sociedad, como es lógico, se han complejizado.

El tema del «kímico» ha sido extensamente abordado por la prensa oficial e independiente: básicamente es un cannabinoide sintético de fabricación artesanal que tiene efectos muy intensos con pocas cantidades y, por tanto, es muy barato y accesible, una alternativa a las drogas de abuso más antiguas y mejor estudiadas como las anfetaminas, la heroína, la cocaína y el cannabis. Al prescindir de los insumos vegetales cuyo cultivo exige grandes extensiones de tierra en territorios con un estado de derecho débil, las drogas sintéticas solo requieren insumos químicos económicos y fáciles de obtener. En comparación con las drogas de origen vegetal, la fabricación y el tráfico de drogas de origen sintético puede alterar la estructura de la oferta de mano de obra y acortar las cadenas de suministro. 

Las drogas sintéticas ofrecen a los productores varias «ventajas», entre ellas, gastos operacionales más reducidos, menos obstáculos a la producción y menor riesgo de detección, interceptación y persecución penal porque se pueden producir más cerca del lugar de destino. Las medidas de reducción de la oferta se topan con obstáculos cada vez mayores debido a que se emplean nuevos medios de fabricación que son más fáciles de ocultar, y se utilizan sustancias químicas que quedan fuera del alcance de las medidas de fiscalización en vigor.

La síntesis de drogas ofrece mayor flexibilidad en el sentido de que no está ligada a una ubicación geográfica concreta y los plazos de producción son menores. La interceptación resulta menos eficaz, dado que la fabricación ilegal puede reubicarse y el producto puede sustituirse con rapidez.

Se han reportado en el mundo más de 540 nuevas sustancias psicoactivas, según notificaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y en ello se evidencia que los cannabinoides sintéticos, como el kímico, son los de más rápido crecimiento, con más de 177 identificados por la agencia en 2016, y 24 nuevos cannabinoides sintéticos notificados por Europol en 2019. 

Esos cannabinoides, sintetizados probablemente para eludir las leyes sobre drogas, se han vendido en diversos formatos para uso no médico. Las más comunes son el delta-8-THC y el hexahidrocannabinol (HHC). Si bien estas sustancias se dan de forma natural en cantidades mínimas y se describieron por primera vez en las publicaciones especializadas hace décadas, aún no se ha estudiado su uso en seres humanos. Los primeros datos indican que su disponibilidad está aumentando rápidamente; cada vez son más populares en algunas localidades de los Estados Unidos (especialmente el delta-8-THC) y Europa Occidental (especialmente el HHC). El delta-8-THC ya ha provocado efectos adversos que han requerido atención médica.

En América Latina la historia de las drogas es muy compleja. Según el Informe Mundial sobre las Drogas de UNODC, 83 millones de personas en las Américas utilizaron drogas en 2019 y se prevé que 87 millones las usen para 2030. Esto podría aumentar la carga asociada a los trastornos por consumo de sustancias en los sistemas de salud de la región, que se concentra de manera desproporcionada en los países de ingresos bajos y medios. 

Con la totalidad del cultivo de la coca en nuestra región, el alto consumo de cannabis, opioides, cocaína, anfetaminas y otros estimulantes, las campañas militarizadas contra el tráfico y microtráfico, la participación que en ello tienen las autoridades, América Latina ha sufrido los estragos sociales y económicos de las políticas fracasadas. Es por ello que las autoridades intergubernamentales y sanitarias han desarrollado extensos programas para la monitorización, la construcción de respuestas legislativas y programas de desarrollo social que intentan impactar en las terribles consecuencias de la ruta de la droga. Así, se han puesto en marcha estrategias que han tenido cierto grado de efectividad, como el Programa Mundial de Vigilancia de drogas sintéticas (SMART) de la UNODC, el Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), parte de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), los Informes Mundiales y Observatorios Nacionales, etc.

Que los problemas relacionados con las drogas sean globales no significa que afecten a todo el mundo por igual. Quienes pagan el precio más alto son las personas en situaciones de vulnerabilidad, empobrecidas y excluidas, en el Sur Global y en las comunidades subdesarrolladas y subatendidas de todos nuestros países.

Cuba, por otro lado, ha visto en los últimos cinco años cómo el uso de los cannabinoides sintéticos se dispara. El gobierno ha tomado medidas basadas, sobre todo, en el prohibicionismo habitual: la intensificación de operativos antidrogas y la declaración de «tolerancia cero».

La noticia más relevante al respecto es la creación del Observatorio Nacional de Drogas, con el apoyo de la Unión Europea, que organizará en un solo cuerpo la vigilancia sanitaria, legal, la monitorización y el diseño de políticas apropiadas. Además, se propone crear una red nacional de investigación e información sobre drogas, formalizar un comité científico asesor, la elaboración de una agenda nacional de investigación sobre la problemática de drogas y las claves de un Sistema de Alerta Temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas (NSP), drogas emergentes y otras amenazas.

 ¿Es un problema sanitario?

Usualmente, los cannabinoides sintéticos se preparan en disolventes, se aplican a un sustrato herbal inerte y se fuman de forma similar a la marihuana. Estos se asocian a efectos adversos muy graves: taquicardia, psicosis, delirio, cardiotoxicidad, convulsiones, lesión renal aguda, hipertermia y muerte. 

Las drogas sintéticas plantean cada vez más problemas para las personas que las consumen debido a la falta de información sobre su acción farmacológica y los daños que provocan, la falta de tratamientos farmacológicos, farmacoterapias o antagonistas y las mezclas cada vez más peligrosas, sobre todo con psicofármacos legales.

Es por ello que cumple con todos los requisitos para calificarlo como un problema de salud pública: afecta a un número significativo de la población con graves consecuencias para la salud individual y colectiva, impacta en la seguridad y el bienestar nacional, genera gastos al sector sanitario y requiere intervenciones colectivas para su prevención y control. Por tanto, para abordarlo se requiere la movilización de todos los sectores e industrias, como la salud, la justicia, la educación, los medios de comunicación y el ocio, en pro de un enfoque que implique a toda la sociedad.

La solución no es prohibir, es prevenir, y para ello hay tendencias globales que podrían ser lecciones útiles para Cuba:

La erradicación forzosa da lugar a una disminución inicial de la producción ilícita de drogas como consecuencia de la eliminación directa. Sin embargo, posteriormente, esta aumenta a mayor velocidad que en otras zonas similares, en las que no se han realizado actividades de erradicación forzosa. Al cabo de 10 años, según las previsiones, la «ganancia por erradicación» —es decir, la diferencia en cuanto a producción ilícita entre las zonas en las que se erradicó y las zonas en las que no— desaparecerá por completo, de lo que se deduce que la erradicación forzosa, cuando se lleva a cabo de manera puntual, no depara ningún beneficio a largo plazo. 

La erradicación voluntaria, coordinada con alternativas legales y sostenibles de desarrollo económico para reducir la dependencia de actividades ilegales, lleva a un aumento inicial de la producción por el efecto del «incentivo negativo». Sin embargo, con el tiempo, la producción de drogas se reduce a más velocidad en las zonas de erradicación voluntaria y desarrollo alternativo que en las otras zonas.

Las medidas de prevención son consabidas: se necesitan enfoques que impliquen a toda la sociedad para lograr que las personas, sobre todo los jóvenes, tengan la información y la resiliencia necesarias para tomar decisiones correctas y puedan obtener tratamientos y servicios de buena evidencia científica para los trastornos por consumo de drogas. Pero ni la prevención ni el tratamiento podrán ser eficaces si no se reconoce el problema y no se dispone de la financiación necesaria para hacerle frente.

Ante esas crisis múltiples es necesario que mostremos mayor interés. El interés comienza por abordar la percepción del riesgo y las ideas equivocadas al respecto, lo que incluye analizar a fondo los mensajes que las autoridades, a través de los medios de comunicación, están transmitiendo a la juventud. En situación de crisis, mostrar interés significa garantizar los servicios y los medicamentos esenciales para todas las personas, incluidas las que se encuentran en situaciones de pobreza y las que se enfrentan a las barreras del estigma y la discriminación. Hay que garantizar la prestación de apoyo psicosocial y la adquisición de destrezas familiares.

Otras medidas podrían ser:

• Mejorar la recopilación y el análisis de datos, desglosados por género y edad, para fortalecer la alerta temprana y las respuestas de base empírica. 
• Adaptar las intervenciones a las mujeres, la juventud y los grupos en situación de riesgo y colmar las brechas del tratamiento de modo que todas las personas puedan tener acceso a los servicios que necesiten sin estigma ni discriminación, en consonancia con las Normas Internacionales para el Tratamiento de Trastornos por el Uso de Drogas de la UNODC y la OMS. 
• Cooperar para contener los mercados delictivos: intensificar la cooperación y el intercambio de información de inteligencia transfronterizos en materia de cumplimiento de la ley y justicia penal con miras a desarticular las organizaciones involucradas en el tráfico. Incrementar la asistencia técnica a los países en desarrollo para facilitar su participación en las iniciativas de cooperación internacional y las operaciones conjuntas.
• Acercarse a los adolescentes e implicarlos mediante la difusión de mensajes de prevención en los medios sociales y en otras plataformas en línea. 
• Promover las opciones de prevención y tratamiento dirigidas a los jóvenes que consumen drogas y a los que padecen trastornos por consumo de drogas que están respaldadas por datos empíricos, entre las que figuran los servicios de salud mental, las pruebas de detección, la derivación a los servicios sanitarios y la terapia familiar. 
• Establecer sistemas nacionales de prevención del consumo de drogas que estén dirigidos a los niños en las primeras etapas de su desarrollo. En lo que respecta a los niños y los jóvenes que han estado expuestos a las drogas desde una edad muy temprana o que se encuentran en circunstancias especiales, ofrecer oportunidades educativas, formación profesional y otro tipo de apoyo socioeconómico. Esto incluye la presencia de psicólogos en instituciones educativas y centros de salud, especialmente en áreas marginalizadas, para fomentar hábitos saludables y prevenir la iniciación en el consumo de drogas.
• Integrar servicios de divulgación y de apoyo psicosocial, farmacológico, sanitario y social para proteger mejor la salud de las personas que consumen drogas y de las personas que padecen trastornos por consumo de drogas, para promover su rehabilitación.
• Crear centros de rehabilitación especializados, de cobertura nacional y fácil acceso. 
• Formar a especialistas en el tema, los suficientes como para no centralizar el servicio en la capital, sino que existan servicios especializados con disposición geográfica similar a los servicios primarios de salud. Una buena idea sería incorporar consultas relacionadas a la drogadicción y sus consecuencias de forma permanente en cada policlínico o, en todo caso y como paso inicial, en los municipios de mayor prevalencia. 
• Elaborar una metodología clara y exhaustiva para calcular con mayor precisión el costo social del consumo de cannabinoides y sus consecuencias para la salud pública. 
• Velar por que en los entornos penitenciarios haya disponibles servicios de tratamiento del consumo de drogas.
• Abordar las ideas equivocadas sobre los riesgos del consumo de cannabinoides mediante mensajes sobre prevención y evitar así la estigmatización del consumo.
• Priorizar la salud y seguridad públicas con miras a contrarrestar la presión que ejercen los intereses comerciales para ampliar el mercado de las drogas sintéticas o habituales.

La redada contra el kímico

El país está alarmado con los crecientes casos de abuso del llamado kímico, y aunque en Cuba el tráfico y consumo de drogas no es tema nuevo, los estragos sociales de la actual profunda crisis ponen de relieve las consecuencias del aumento del consumo de estas sustancias desconocidas no solo para nosotros, sino también para las autoridades internacionales. Pero la Isla no está adaptada a esa fotografía, y por eso la gente se pronuncia. Esperemos que ello resulte en la confluencia de sectores y autoridades con la sociedad, de manera efectiva, y que el problema vuelva a colocarse al menos en cifras manejables. Erradicarlo sin atender el contexto tan complejo del país, sin entender el panorama latinoamericano con políticas y economías atravesadas por el tráfico y consumo de drogas, es un imposible.

Los estragos sociales de la actual profunda crisis ponen de relieve las consecuencias del aumento del consumo de estas sustancias.

A pesar de que el presupuesto nacional tiene tantas prioridades que atender, la actual descapitalización de la salud pública y los servicios sociales ha sido una de las realidades desatendidas más peligrosas de los últimos años del gobierno. Las consecuencias ya son visibles y serán aún más graves si no se actúa con urgencia. Enfrentar un fenómeno tan novedoso como creciente requiere voluntad política, recursos y una visión integral que reconozca los signos de alerta a tiempo. De lo contrario, seguiremos reaccionando tarde, con un sistema debilitado, mientras se profundiza una crisis que, más allá del consumo, pone en jaque la cohesión social y la capacidad del Estado para proteger a su población.